miércoles, 28 de marzo de 2007

Módulo 3: Historia de Chile



EL PROCESO DE COLONIZACIÓN HISPÁNICA

Instituciones de la colonia en Chile

La encomienda

La principal forma que tuvo la Corona para premiar los servicios de los conquistadores fue la concesión de encomiendas. El régimen de encomienda era una cesión que la Corona hizo a los conquistadores del derecho a percibir tributos que ella recibía de los aborígenes, en su calidad de vasallos. Los reyes castellanos otorgaron este derecho al encomendero para cumplir su deber de evangelizar a los indígenas y para retribuir a sus súbditos la labor realizada para afianzar su soberanía en las Indias.

Las concesiones daban derecho al agraciado para gozar la encomienda durante toda su vida y muerto él, este derecho lo heredaba su hijo mayor, quien lo disfrutaba mientras vivía. Pasadas esas dos vidas, el territorio y los indios designados debían volver a poder soberano y sus gobernadores disponían de ellos en favor de otra persona. En la práctica esta situación varió y muchos fueron los casos en que esta tuvo una larga duración.

El interés de los españoles en la obtención de encomiendas fue un gran motor de la conquista, que permitió utilizar enormes contingentes de masa indígena como fuerza de trabajo.

Provistos los conquistadores de terrenos que hacer producir y de indios que hacer trabajar, dedicaron sus esfuerzos, primero que nada, al laboreo de las minas. Sin embargo, la pronta extinción de las riquezas auríferas cambió el trabajo del indio, que fue luego destinado a faenas agropecuarias. En Chile, la encomienda se abolió en 1791.

La servidumbre indígena: el trabajo obligatorio

Los indígenas constituyeron una fuerza de trabajo indispensable. Su condición de indios sometidos era equivalente a la de los esclavos antiguos.

El trato dado por los encomenderos a sus indios fue generalmente riguroso y aún cruel. Estos abusos crearon en algunos círculos eclesiásticos e intelectuales un fuerte movimiento en contra d ella institución. El rey, asesorado por teólogos y juristas, dictó abundantes disposiciones que tendieron a proteger al indígena.

En Chile, durante el gobierno de García Hurtado de Mendoza, se promulgó en 1559 un primer cuerpo de disposiciones que regulaban las relaciones entre españoles e indios. Este fue la Tasa de Santillán, la cual mantenían el servicio personal, pero limitaba la edad de los indios destinados a esas labores; se establecieron además las mitas, que eran turnos de trabajo. Los naturales que se dedicaron a faenas mineras tendrían derecho a recibir 1/6 del oro extraído.

Sin embargo, los abusos continuaron, y en 1580 la Corona aprobó un nuevo cuerpo de disposiciones: la Tasa de Gamboa, que sustituía el servicio personal por un tributo en oro y especies, y propendía a la agrupación de pueblos de indios, de donde éstos saldrían a alquilar libremente su trabajo. Esta tasa, empero, tuvo poca aplicabilidad y se hubo de volver a la Tasa de Santillán, la cual perduró durante el resto del siglo XVI.

En el siglo XVII, fueron promulgadas dos nuevas tasas. La Tasa de Esquilache, promovida por el Padre Luis de Valdivia, disponía un salario para el indígena y, por lo tanto, su materialización fue nula. Esta disposición de naturaleza ilusoria fue desplazada por la Tasa de Laso de la Vega, la cual establecía que el pago del indígena debía ser de 10 pesos, siendo optativo hacerlo en dinero, especies o e trabajo (40 días se pagaba el total).

Organización Colonial: Instituciones de administración y gobierno

La jerarquía, la vigilancia mutua y la duplicidad de funciones fueron las principales características de las instituciones de gobierno colonial. El gobierno de las más apartadas regiones, estaba supervigilado por otras instituciones más poderosas, las cuales, a su vez, estaban sometidas a la autoridad real.

La jerarquía del sistema de gobierno y administración se muestra en una serie escalonada de instituciones que se inicia con la figura misma del monarca. Por orden de importancia serían las siguientes: Consejo de Indias, Casa de Contratación, Virreyes, Reales Audiencias, Gobernadores, Corregidores y Cabildos.

Los reyes de España eran monarcas absolutos: disponían de todo el poder, imponían las leyes y administraban el Estado. La justicia también dependía de éstos, pero no actuaban en forma caprichosa, sino que debían respetar las leyes y escuchar las peticiones de sus súbditos.

Consejo de Indias.

Para atender los asuntos de sus vastos dominios, los soberanos españoles contaban con diversos consejos. El encargado de América era el Consejo de Indias. Creado por Carlos V en 1524, con sede en Sevilla. Estaba integrado por un residente y cinco consejeros especializados en distintos asuntos de gobierno. El Consejo de Indias era un organismo autónomo que sólo daba cuenta de sus actos al rey. Entre sus facultades se contaba estudiar todos los problemas de las colonias, recibir informes y preparar las Reales Cédulas. Estudiaba, además, las designaciones de autoridades americanas. Era tribunal de justicia de última instancia, pero normalmente los asuntos judiciales se resolvían en América. Enviaba visitadores. Como entidad moral y religiosa residían en él los derechos del Real Patronato, que era un conjunto de disposiciones jurídicas mediante las cuales el Papa confirió ciertas atribuciones a loa reyes para la administración de la Iglesia en América.

Casa de Contratación.

Otro organismo importante, aunque subordinado al anterior, fue la Casa de Contratación, el cual controlaba todo lo relacionado con el comercio americano. Fue creado en 1503, siendo la primera institución fundada para velar asuntos indianos. Cuidaba, por ejemplo, de la formación de las flotas que partían a América, llevaba el registro de los pocos mercaderes autorizados para enviar cargamento, revisaba las mercaderías y controlaba el paso de las personas. Tenía también jurisdicción sobre los juicios de comercio.

Virreyes y Gobernadores.

Para el gobierno de América, los reyes establecieron virreyes y gobernadores, quienes representaban a la Corona en Indias.

Los virreinatos constituían, desde luego, el núcleo primordial de la organización administrativa. En nuestro continente podemos distinguir los siguientes:

Virreinato de México o Nueva España. Fue creado en 1534 y abarcaba todas las tierras al norte de Panamá.

Virreinato del Perú. Fue creado en 1542 y abarcaba todas las tierras al sur de Panamá.

Virreinato de Nueva Granada. Fue creado en 1717 y cubría los territorios que comprenden hoy a los países de Colombia, Venezuela y Ecuador.

Virreinato de l Río de la Plata o Buenos Aires. Fue creado en 1776 y estaba integrado por los territorios que son hoy Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (Alto Perú).

Los virreyes representaban al rey en los enormes territorios de los virreinatos. Eran asesorados por las Reales Audiencias. Los virreyes eran nombrados por el rey a propuesta del Consejo de Indias. Sus atribuciones eran:

- Mandar al Ejército.

- Nombrar y remover a los demás funcionarios, exceptuando aquellos que recibían nombramiento directo del rey.

- Administrar justicia civil y penal como supremo juez.

- Ejercer el Derecho de Patronato Eclesiástico y, bajo el título de vicepatrono de la Iglesia, intervenía en el nombramiento de los párrocos.

- Repartir provisionalmente las tierras y los indios entre los individuos que estimaba más meritorio. Estaban sometidos a juicios de residencia y a las visitas de los jueces.

Los virreinatos estaban territorialmente divididos en Gobernaciones, a cargo de un gobernador. Este funcionario se asesoraba generalmente, igual que el virrey, por una Real Audiencia, para todos los asuntos políticos y administrativos. Los poderes de los gobernadores eran menores que los que tenían los virreyes, pero no diferían mucho en cuanto a las materias que debían preocuparse.

Las Capitanías Generales se denominaban a todas aquellas gobernaciones en donde existía actividad militar. En estos casos, el gobernador era, al mismo tiempo, jefe de los ejércitos reales con nombre de capitán general.

Corregimientos e Intendencias.

Las Gobernaciones y Presidencias estaban constituidas por Corregimientos. Los corregidores se preocupaban del cobro de algunos impuestos y de las obras públicas de sus provincias, cumplían algunas funciones judiciales y debían velar por el bienestar y protección de la población indígena.

Una de las reformas más importantes efectuadas por los Reyes Borbones del siglo XVIII fue la creación de las Intendencias. Esta reforma se hizo inevitable debido a la mala administración española desde el siglo XVII. En 1786 fueron creadas las intendencias en la Capitanía General de Chile y en el Virreinato de Nueva España. Los intendentes tuvieron atribuciones más completas que los antiguos corregidores y administraron territorios más extensos, ya que muchas veces se unieron varios corregimientos para crear una intendencia.

Real Audiencia.

La organización de la justicia era muy complicada a causa de la diversidad de jueces y su campo de competencia. Los alcaldes de los cabildos eran jueces de primera instancia que conocían en forma sumaria de cuestiones civiles y criminales: el asesor del gobernador también desempeñaba funciones judiciales y los corregidores en las diversas regiones.

A la cabeza del sistema se encontraba la Real Audiencia, compuesta por cuatro oidores o magistrados de alta jerarquía, que obligadamente debían tener los grados de licenciado o doctor en Derecho.

La Audiencia era el tribunal de primera instancia en algunos casos y de apelación de las sentencias de los jueces inferiores. De sus fallos podía apelarse sólo en cuestiones de gran importancia, ante el Consejo de Indias; pero en la práctica, los procesos eran finiquitados en el mismo tribunal.

La Corona depositó en la Audiencia otras funciones que le daban el derecho a inmiscuirse en diversos organismos. Tuvo atribuciones de carácter político; servía de consejo al Gobernador y en asuntos muy difíciles tomaba decisiones junto a éste. Por sí misma podía despachar Reales Provisiones.

En cada capital de virreinato y de gobernación hubo una Audiencia. La de Chile fue establecida definitivamente, en Santiago, el año 1609.

Cabildo: órgano de la comunidad.

En España, el Cabildo era una institución popular de muy vieja raíz. Los conquistadores, al crear las ciudades en América, las dotaron de cabildos para organizar la administración local y poder luchar por sus intereses.

Estos organismos eran presididos por los corregidores o agentes superiores del gobernador. Estaban integrados, además, por dos alcaldes o jueces y seis regidores. Además, se incorporaban algunos altos funcionarios reales. Alcaldes y regidores eran elegidos cada año por la misma corporación.

Igual que las municipalidades de hoy, los cabildos se ocupaban del aseo y ornato de las ciudades y de algunas obras públicas. Además velaban por la instrucción primaria y disponían de grandes fiestas públicas.

Para cumplir con esas funciones, el cabildo encargaba tareas a sus propios componentes: el juez de aguas velaba por la mantención de las acequias y el reparto equitativo del agua; el fiel ejecutor vigilaba el cumplimiento de los precios fijados por el municipio y el respeto de los aranceles por parte de los artesanos, etc.

Los integrantes de los cabildos eran miembros de los más altos círculos sociales, es decir, de los únicos grupos que tenían actuación pública. Sin embargo, se suponía que representaban a toda la comunidad y que velaban por su interés y bienestar.

Los intereses locales.

No obstante el gran poder de la Corona, existían mecanismos para hacer presente los problemas que aquejaban a los súbditos y requerir su solución. Los cabildos podían dirigir peticiones a los gobernadores y aún al Rey cuando estimaban que una disposición los perjudicaba. Típicas fueron, por ejemplo, las peticiones para que se redujesen algunos impuestos o se modificase la forma de recaudarlos. También solía pedirse la instalación de algún organismo administrativo o de alguna institución de enseñanza. Así nacieron, por ejemplo, la Casa de Moneda, el Tribunal del Consulado, la Universidad de San Felipe y la Academia de San Luis.

El control sobre las autoridades

La corte española procuró dar una buena administración a las colonias americanas para impedir los excesos de sus funcionarios. La lejanía del continente, el gran poder que concentraban las autoridades y la dificultad para conocer los problemas en medio de informes contradictorios, se prestaban para muchos abusos.

Una forma de control fue la vigilancia que debían mantener las autoridades entre sí, informando al Rey de los atropellos que se cometiesen. Para velar por el buen desempeño de los gobernadores y los oidores, la ley estableció que no podían casarse entre ellos y sus hijos en los territorios donde ejercían sus cargos; tampoco podían ser padrinos de bodas o bautismos ni realizar negocios.

Al abandonar sus cargos, todos los funcionarios de alto rango debían comparecer en un Juicio de Residencia, en tanto que el estado como los particulares podían entablar demandas. En algunos casos, las sanciones fueron fuertes, como ocurrió con los gobernadores Francisco de Meneses y Andrés de Ustáriz, quienes abusaron del poder en forma desmedida. Por lo tanto, las diversas formas de control subsanaron en parte la corrupción administrativa.

La Guerra de Arauco: La sociedad hispana versus la sociedad mapuche

Al terminar la Conquista, hacia fines del siglo XVI, era evidente que los araucanos no podían ser sometidos y que era necesario reformular la estrategia. La derrota y muerte del gobernador Oñez de Loyola en Curalaba (1598) fue seguida por el abandono de todas las ciudades situadas al sur del Biobío.

Con la llegada del gobernador Alonso de Ribera a comienzos del siglo XVIII, se implantó un nuevo sistema. Una línea de fuertes aseguraría la frontera y avanzaría sólo en caso de que las reducciones cercanas estuviesen realmente sometidas. Se creó, además, un ejército profesional, permanente y pagado. Unos 2.000 hombres entre oficiales y tropa. El rey ordenó que desde Lima se enviase cada año el Real situado, consistente en 293.000pesos, suma muy elevada para la época. Ribera impuso, además, un orden preciso en la táctica, la marcha y disposición d ellos campamentos.

La Guerra Defensiva.

Poco después de establecida la frontera, un sacerdote jesuita, el padre Luis de Valdivia, logró que se aprobase en la corte un plan para reducir a los araucanos de manera pacífica, principalmente a través de la prédica de misioneros. Mientras tanto, las fuerzas militares debían permanecer a la defensiva. Al ser asesinados los tres primeros misioneros, el sistema fracasó.

Los estímulos de la guerra.

La existencia de la frontera no puso término a las acciones armadas. Éstas continuaron por diversas causas. Debido a la escasez de indios para el trabajo en las haciendas del centro y del norte, se logró que la Corona decretase en 1608 la esclavitud de los indios tomados en guerra. Estas incursiones de destacamentos militares en busca de indígenas se llamaron malocas. Los indígenas por su parte efectuaban malones o ataques sorpresivos a puestos fronterizos y estancias.

La cacería de indios condujo a una rebelión en 1655, causante de enormes estragos. Esta situación junto con el aumento de la masa mestiza, determinaron la abolición de la esclavitud en 1683.

Guerra y convivencia: el comercio y el mestizaje.

Desde que los españoles y los araucanos entraron en contacto, experimentaron la necesidad de intercambiar especies, a pesar de la violencia y el odio.

Se estableció de este modo un comercio intenso, que en el siglo XVIII estaba perfectamente organizado. Este contacto condujo inevitablemente a la mezcla racial, misiones y parlamentos.

La incorporación de los indios a la fe cristiana fue una preocupación muy importante de los reyes. Fue la Compañía de Jesús la que se ocupó preferentemente de la evangelización. Sus sacerdotes establecieron misiones en el sector de la frontera y también en el interior del territorio araucano. Las misiones desempeñaron entonces un importante papel como lugar de encuentro en la vida fronteriza.

El apaciguamiento de la frontera y la necesidad de llegar a algunos acuerdos entre españoles y araucanos, condujo a la realización de Parlamentos. Estos eran reuniones del gobernador y las principales autoridades con los caciques, en un determinado lugar que se señalaba de antemano. El primer parlamento fue el que organizó el gobernador Marqués de Baides en Quillín, 1641.

La Guerra de Arauco en el siglo XVIII.

Debe ser considerada como una etapa avanzada de una larga lucha de tipo fronterizo, en que el aspecto bélico ha cedido en su rigor y, en cambio, se ha generado un sistema de relaciones muy variadas entre las comunidades situadas en ambos lados del Bío-Bío. La guerra cedió paso al trato pacífico en la frontera, donde los fuertes, as estancias y las misiones servían de centros de contacto. Sólo dos levantamientos generales tuvieron lugar en ese siglo, uno en 1723 y otro, en 1766.

Economía colonial

La característica que definió las relaciones de intercambio entre España y las colonias fue el Monopolio Comercial, por lo cual las colonias sólo podían tener contactos económicos con la Metrópoli.

El tráfico de mercaderías se realizaba a través de flotas y galeones. Una de estas flotas iba a México (Veracruz) y otra a Panamá (Portobelo). Esta última conducía los cargamentos destinados a Sudamérica, comercio que era controlado por los mercaderes peruanos.

Dentro del marco del Imperio Español, la economía chilena jugaba un papel de escasa importancia. Se caracterizaba por tener un carácter mixto agrícola y ganadero.

La agricultura proveía el mercado interno y al virreinato del Perú. La minería que resurgió en el siglo XVIII entregaba oro y plata a este mismo virreinato y a España. Se importaban productos tropicales y manufacturas provenientes de España.

La tributación obtenida dentro del país era gastada en la propia administración y algunas obras públicas.

Las faenas agrícolas y la Hacienda.

En los comienzos de la Colina, el cultivo de la tierra no fue muy intenso. Se aprovechaban sólo los terrenos más fértiles y de fácil explotación que daban a basto para la reducida población.

A fines del siglo XVII, la situación cambió cuando el Virreinato comenzó a depender de la exportación del trigo chileno. El terremoto de 1687 y una serie de pestes afectó la producción peruana, debiendo entonces recurrir a Chile para que lo abastecieran. Esta situación permitió una exportación agrícola y ganadera considerables, que dio mayor riqueza a la aristocracia terrateniente y alzó el valor de la tierra.

Dentro de este proceso, la Hacienda ocupó un papel capital: fue el núcleo económico y de vida social. Junto con producir bienes agrícolas, encerraba faenas artesanales para satisfacer las necesidades de la gente pobre -objetos de cerámica, arreos, zapatos de cuero, ponchos, frazadas, etc.-. De esta manera, la hacienda autoabastecía a campesinos, indios y mestizos.

Existía, además, la pulpería, mantenida por el patrón, y donde se entregaba a crédito productos como el azúcar, yerba mate, tabaco y agua ardiente, que los peones recibían a cambio de su trabajo futuro, en un sistema de endeudamiento constante.

La minería.

El siglo XVI se caracterizó, en el plano económico, por la explotación de los lavaderos de oro. Durante el siglo XVII, esta actividad resurgió a causa de la intensificación del comercio externo. El principal producto minero fue la plata y en segundo lugar el oro. El cobre sólo se producía en pequeñas cantidades. La producción minera permitió contrarrestar la desequilibrada balanza comercial -debido a la pobreza del país, que gastaba más de lo que recaudaba en impuestos- e incrementar el flujo de las mercaderías del exterior.

La ganadería.

La ganadería fue siempre un rubro seguro de producción, pues no requería de muchos cuidados ni de mucha mano de obra. El ganado se criaba en libertad en las haciendas y, una vez al año, se realizaba el rodeo. En estas faenas, los huasos de las haciendas salían a caballo a reunir al ganado disperso, el cual posteriormente era marcado y algunos sacrificados. De la ganadería se obtenían productos como cueros, sebo, grasa y charqui.

El comercio.

El Callao -puerto peruano- fue la gran plaza para el comercio nacional, que dependió casi completamente de los mercaderes limeños. Chile enviaba vino, aguardiente, frutas secas, sebo, charqui, manzanas, madera, paños; también oro y plata. Recibía a cambio, mercaderías provenientes de España como géneros finos, muebles, papel, fierro, etc. y productos locales como azúcar, tabaco, cacao, entre otros.

Economía del siglo XVIII.

Con el cambio dinástico, se introdujeron una serie de reformas en todos los terrenos y también en lo económico. En este campo, se fueron dando paulatinamente mayores libertades para comerciar con España, pues el sistema de flotas se hacía cada vez más engorroso y cada vez era más fuerte el asedio comercial de Inglaterra y Francia. Una serie de medidas permitieron esta mayor libertad:

- Se puso término al sistema de flotas, el cual fue reemplazado por el sistema de registros del Cabo de Hornos. Con lo cual se autorizó la navegación de barcos aislados que iban directamente al puerto de destino de los cargamentos.

- En 1778 se dictó la Ordenanza de Libre Comercio, que permitió el comercio entre las colonias y todos los puertos españoles, además de eliminar algunos impuestos.

- Se autorizaron diversas formas de comercio con los extranjeros.

Todas estas medidas estaban orientadas a estimular y proteger el comercio dentro del Imperio y desplazar a los extranjeros. El movimiento de naves fue intenso y expedito; hubo gran afluencia de mercaderías y bajó el precio de ellas.

Ligado al fenómeno del alza comercial se encuentra el repunte de la vida urbana, que generó sus propias formas económicas, básicamente sustentadas en la artesanía y el trabajo libre de mestizos y villanos (es decir, españoles llegados con posterioridad a la conquista). La Corona estimuló en esta época un ambicioso programa de obras públicas que comprendía desde la fundación de ciudades hasta la canalización de ríos, destacando entre estas obras el arreglo de las vías de comunicación(camino de Santiago a Valparaíso), los Tajamares del Mapocho, el Puente de Calicanto. También se construyeron nuevos edificios como el Palacio de la Moneda y la sede de la Real Audiencia, contribuyendo el arquitecto italiano Joaquín Toesca al desarrollo del estilo neoclásico de la arquitectura chilena.

Un último aspecto a destacar de la vida económica del siglo XVIII es la serie de reformas administrativas establecidas en ese siglo. La principal de ellas fue la creación de las intendencias que buscaban dar el gobierno más adecuado a los territorios de la Corona, subdividiéndolos en unidades más pequeñas a cargo de un funcionario -el Intendente- y con especial preocupación de la Real Hacienda. Chile contó con dos intendencias, divididas por el río Maule, contando el Intendente con funciones que se referían a asuntos de policía, justicia, guerra y hacienda. Tenía a su cargo, bajo el título de Intendente de la Real Hacienda, los siguientes organismos de carácter económico:

Real Tribunal del Consulado, que era la asamblea de los grandes comerciantes locales y tribunal de justicia comercial. Se caracterizó por su eficiencia como tribunal competente y rápido, a la vez que permitió a los comerciantes chilenos defender sus intereses desligándose de la dependencia de Lima. También era atribución del consulado el promover el desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio.

Real Casa de Moneda, que con la acuñación solucionaría los problemas de escasez de circulante.

Real Tribunal de Minería, el cual tenía funciones similares a las del Consulado, pero en al ámbito minero.

Estas medidas significaron el reconocimiento de los grupos económicos de comerciantes y mineros, que unidos al Cabildo, hicieron las veces de grupos representativos de la sociedad chilena del siglo XVIII.

Los impuestos.

La corona española descargó sobre sus colonias sus apuros financieros, a través de una multitud de impuestos que llegaron a constituir un pesado gravamen para sus habitantes para sus habitantes. Sólo al final del período colonial, la política reformista de los reyes borbones trató de alivianar esta carga impositiva.

Había dos clases de contribuciones: las especiales, que gravaban determinados servicios en cada población, y los negocios del país en sus diferentes géneros y que correspondían al Rey. Aquellos constituían la Renta Local, las otras, el Tesoro Real. La renta local, generalmente, en Chile era bastante exigua, sobre todo al principio. Las entradas de la Corona eran mucho más seguras y cuantiosas. He aquí las principales:

Quinto Real. Impuesto del 20% al producto de las minas y lavaderos de oro.

Diezmo Eclesiástico. 1/10 de los productos agrícolas y ganaderos de cada año. El producto de este impuesto estaba destinado al sostenimiento y esplendor del culto.

Almojarifazgo. Contribución aduanera sobre las mercaderías internadas al país o extraídas de él y que corresponde a un 5% de su valor. Se pagaba en cada puerto en que la mercadería era desembarcada.

Alcabala. Gravamen a la venta o transferencia en cualquier forma de bienes muebles e inmuebles, en la proporción de 2 a 6% sobre su valor. La tasa de este impuesto tuvo más tarde variaciones.

Derramas. Impuesto extraordinario de protección que debían pagar los habitantes en caso de peligro o de ataques indígenas.

Media Anata. Derecho que se pagaba en cualquier beneficio eclesiástico o pensión y equivalente a la mitad de la renta anual.

Real Situado. Dotación de fondos provenientes del Perú para pagar a los militares y solventar los gastos del ejército durante y después de la Guerra de Arauco.

Tributo Indígena. Éste era pagado por todos los indios en su condición de vasallos de la Corona, a cambio de él recibían protección, tutelaje, evangelización y justicia.

La Iglesia Católica en la Colonia

En América como en España, la Iglesia estuvo vinculada al papado y a la monarquía. Los unía el Derecho de Patronato, según el cual los reyes proponían a Roma los eclesiásticos que debían ocupar altos cargos. También autorizaban la vigencia de las bulas y otros documentos papales (exequator) y el recurso de fuerza que permitía a los religiosos recurrir en ciertos casos a los tribunales civiles para resolver materias de disciplina interna.

En un plano práctico, sólo el rey podía autorizar la fundación de iglesias, capillas y conventos. A su vez, proporcionaba los fondos para todos los gastos, cobrando por su cuenta el derecho del diezmo.

La base de la organización eclesiástica eran los obispados de Santiago y Concepción. La orden de los jesuitas fue la que alcanzó mayor poder, prestigio e influencia en Chile colonial.

El papel fundamental de la Iglesia en América estaba centrado en la evangelización de los naturales. Se trataba así no sólo de cristianizar al natural, sino también de defenderlo frente al abuso, crueldad y prepotencia de españoles y criollos. En el ámbito americano, Fray Bartolomé de Las Casas representa a uno de los más ilustres defensores de los indios, y en Chile, durante el siglo XVIII, el jesuita Luis de Valdivia fue su más fiel seguidor.

La cultura en el Chile Colonial

La cultura en Chile colonial está, al igual que en toda América Hispana, íntimamente ligada ala Iglesia Católica. Efectivamente, es esta institución la que a través de una acción evangelizadora y misional, conservó algunas tradiciones y conocimientos de los indígenas de América, al tiempo que puso a éstos en contacto con la cultura cristiana de los españoles.

Junto a los misioneros y frailes se desarrollaron las primeras escuela de América, las artes plásticas, la música y una arquitectura de características que la hacen todo un símbolo de la América colonial.

En cuanto a los primeros trabajos de los misioneros, además de enseñar doctrina a los indios, desarrollaron gramáticas, diccionarios de lenguas aborígenes para poder predicar con más facilidad las Sagradas Escrituras.

Junto con la llegada de las huestes conquistadoras, llegaron también los cronistas, es decir, soldados que se dedicaron a escribir algunos relatos de sus viajes y aventuras y que se han convertido en valiosos documentos históricos de la conquista. En el siglo XVII aún subsiste la crónica, con el Padre Diego Rosales. Aparece también el ensayo, destacando en este género el capitán Alonso González de Nájera y sobre todo el Padre Alonso de Ovalle.

En otro campo de las letras hay que destacar los estudios filológicos del Padre Luis de Valdivia, el relato de crítica política de Francisco Pineda y Bascuñán -El cautiverio feliz- y los trabajos jurídicos de Fray Gaspar de Villarroel.

Ya en el siglo XVII, las órdenes religiosas tuvieron colegios, destacando desde esa época los de la Compañía de Jesús. En el siglo XVIII, la enseñanza alcanzó el grado superior con la fundación de la Real Universidad de San Felipe, el año 1738, aunque inició su funcionamiento gracias al impulso de personajes ilustrados como Manuel de Salas. Salas también fue el promotor de la creación de la Academia de San Luis.

Precisamente las figuras más prominentes de las letras chilenas en el siglo XVIII fueron los jesuitas: el Padre Juan Ignacio Molina, científico, y el Padre Manuel Lacunza, teólogo y literato, quienes debieron abandonar el país cuando la Compañía de Jesús fue erradicada de los territorios españoles. En el siglo XVIII destacaron los historiadores Vicente Carvallo Goyeneche y el Padre jesuita Miguel de Olivares.

Los límites geográficos de Chile durante la Colonia

Los límites al iniciarse el período colonial fueron: al norte, el despoblado de Atacama; al sur el Estrecho De Magallanes; al este, la provincia de Cuyo y la Patagonia, desde el río Negro al sur. En 1776, Cuyo pasó al virreinato de Buenos Aires.

Importantes fueron también dos enclaves fortificados; Valdivia y Chiloé, que dependían del virreinato del Perú. Se ocuparon las ciudades de Valdivia (siglo XVII) y Osorno (siglo XVIII), y también las islas de Juan Fernández. El siglo XVIII se caracterizó por una ardua política de fundaciones. Así surgieron Copiapó, Combarbalá, Illapel, La Ligua, Petorca, San José de Maipo, Alhué, Quillota, San Felipe, Casablanca, Melipilla, Rancagua, San Fernando, Curicó, Cauquenes, Linares, Parral, Quirihue, Constitución, Los Ángeles, Talca y Concepción (cambió de asiento).

Los gobernadores que sobresalieron por el impulso dado a las fundaciones fueron: José Manso de Velasco, Domingo Ortiz de Rozas y Ambrosio O’Higgins.

La dinastía de los borbones y las influencias del Despotismo Ilustrado

Al morir Carlos II de España, sin descendencia, el trono pasó el año 1700 a la Casa Borbón con Felipe V, nieto del Rey Sol. Los nuevos monarcas adoptarían las ideas del movimiento intelectual que se llamó Ilustración, el cual fue entendido por estos monarcas como la utilización de la razón como única herramienta para entender y enjuiciar todo (religión, política, etc) y poder llevar el progreso a sus gobernados. La Ilustración, en cuanto tal, tuvo su más alta expresión filosófica y política con Voltaire, Montesquieu, Rousseau y los Enciclopedistas.

Los gobernadores de Chile en el siglo XVIII.

- Gabriel Cano y Aponte (1717-1733). Con él se inicia la serie de excelentes gobernantes del reino de Chile. Logró una larga paz con los araucanos, afrontó el terremoto de 1730, propició el desarrollo económico de la Colonia basado en la producción agropecuaria, sobre todo sebo, charqui y cueros.

- 1733-34: interinato de Francisco Sánchez de la Barreda y Vera.

- 1734-37: interinato de Manuel de Salamanca.

- José Antonio Manso de Velasco (1737-1745). Conde de Superunda y luego virrey del Perú. Fundó Rancagua, Melipilla, San Felipe, Los Andes, etc.

- 1745-46: interinato de Francisco José de Ovando, marqués de Ovando.

- Domingo Ortiz de Rozas (1746-55). Tan eficiente como Manso de Velasco. Fundó nuevas poblaciones, fomentó las actividades culturales, económicas y comerciales. Bajo su gobierno se creó la Casa de Moneda y la Real Universidad de San Felipe. Se reconstruyeron los tajamares del Mapocho.

- Manuel de Amat y Juniet (1755-61). De carácter severo, realizó variadas e importantes obras públicas y, además, aseguró el orden y la tranquilidad, creando un cuerpo de policía: Los Dragones de la Reina. Fue designado virrey del Perú.

- 1761-62: interinato de Félix de Berroeta.

- Antonio Guill y Gonzaga (1762-68). De carácter un tanto débil, depositó la tarea administrativa en el famoso Corregidor Zañartu, Luis Manuel de Zañartu e Iriarte, quien en 20 años de ejercicio de su puesto (1762-82), dejó una larga y fecunda labor. Su máxima obra fue el Puente de Calicanto. En este gobierno se realizó la expulsión de los jesuitas, en 1767, por orden real.

- 1768-1770: interinato de Juan de Balmaceda y Censano.

- 1770-73: interinato de Francisco Javier de Morales y Castejón.

- Agustín de Jáuregui (1773-1780). Sus antecesores interinos tuvieron que enfrentar un gran levantamiento indígena que no se producía desde los tiempos de Cano y Aponte. En el gobierno de Jáuregui se aceptaron “embajadores” de los mapuches en Santiago; se segregó la provincia de Cuyo del reino de Chile y se produjo la reacción de los criollos ante el recargo de impuestos, tal vez antecedente de las ideas de la independencia. Fue promovido a virrey del Perú.

- 1780: interinato de Tomás Álvarez de Acevedo.

- Ambrosio Benavides (1780-87). Enfrentó la conspiración de Los Tres Antonios, las grandes avenidas del río en 1783. Encargó a Joaquín Toesca la construcción de la Casa de Moneda y otros edificios de acuerdo a las órdenes reales y dividió el reino en dos intendencias: Santiago y Concepción.

- Ambrosio O’Higgins (1787-95). Conde de Ballenary y, más tarde, marqués de Osorno. Este ilustre gobernador de origen irlandés, realizó una de las administraciones más sobresalientes de toda la Colonia. Fundó numerosas ciudades: Santa Rosa de Los Andes, Illapel, San José de Maipo, Reina Luisa del Parral, San Ambrosio de Linares, etc. También promovió el desarrollo económico introduciendo nuevas especies, pero sólo tuvo resultados en la minería, enviando cobre a España. Fue virrey del Perú.

- 1796: interinato de José de Rezábal y Ugarte.

- 1796-99: interinato de Gabriel Avilés y del Fierro, marqués de Avilés.

- Joaquín del Pino (1799-1801)

- 1801: interinato de José María de Santiago Concha.

- 1801: interinato de Francisco Tadeo de Medina.

- Luis Muñoz de Guzmán (1802-1808)

- Antonio García Carrasco (1808-Julio de 1810)

- Mateo de Toro y Zambrano (Julio-Septiembre de 1810).