MODERNIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE CHILE EN EL SIGLO XX (DESDE LA DÉCADA DE LOS 20 - 60) PROCESOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
Recién asumido, el presidente debió constatar que, de nada servía contar con el apoyo de los sectores populares cautivados por su fórmula populista. Debía obtener una mayoría parlamentaria para desarrollar los cambios políticos que requería su programa. Solo una mayoría parlamentaria podría otorgarle mayores atribuciones presidenciales y romper así con el régimen parlamentario-oligárquico.
Factores de orden interno como externo determinaron que la mayoría de los cambios necesarios para estabilizar social y políticamente al país no pudiesen concretarse. Por un lado, el deterioro de la situación financiera en general, producto de la caída en la exportación del salitre, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y por otro, el que el parlamento se negara sistemáticamente a acelerar la tramitación de aquellas leyes que pretendían tanto, estabilizar la economía, como mejorar las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, a partir de la creación de un código del Trabajo.
Al primero, se intentó frenar, de manera errónea, mediante la emisión de más dinero, al que se acompañaba con un mayor endeudamiento, desechando todas las propuestas que desde el ejecutivo se plantearon con el propósito de dar solución real a la crisis, tales como : la creación del Banco Central, la implantación del Impuesto a la Renta, la limitación y regulación del crédito y la protección de la industria nacional, reformas que a 1924 aun no se habían materializado siquiera de manera parcial.
Por otro lado, se intentó mediante la creación de código del Trabajo, regular y dar cauce a la gran efervescencia social generada por la crisis del empleo en las salitreras. Expresión de ello es el aumento en la incorporación de trabajadores a la organizaciones obreras, cada vez más desencantados con la labor del gobierno.
En 1921 la Federación Obrera de Chile FOCH, convoca a la primera convención campesina, anticipando lo que será el sindicalismo rural. Durante ese mismo período el destacado líder del movimiento obrero de comienzos de siglo, Luis Emilio Recabarren, será elegido Diputado y, prontamente encabezará el naciente Partido Comunista de Chile, el que rápidamente liderará la FOCH en su representación político-partidaria.
Chile en plena crisis social, surgen los militares en la escena
Tras los primeros años de Alessandri en el gobierno reinó un clima de pesimismo y malestar por la contracción económica de la industria minera y la agudización de los problemas del proletariado industrial. En 1922 se produjo el cierre de 70 oficinas salitreras y el consiguiente despido de 20.000 obreros, lo que movilizó a un grupo de mineros a tomar se la oficina San Gregorio de Antogafasta, terminando el conflicto con una brutal represión, pereciendo un centenar de ellos a manos de un piquete de soldados.
No obstante lo anterior, y aunque la represión a las manifestaciones obreras sólo logró su momentánea paralización, el movimiento de los obreros acentuaba sus demandas y reivindicaciones salariales, ya que, por la fuerte influencia del socialismo y anarquismo no creían en la voluntad presidencial de introducir modificaciones al sistema político, considerando a Alessandri como el “continuismo de los partidos burgueses”, o una forma avanzada del capitalismo democrático.
Es en este contexto, donde los sectores oligárquicos, representados en el Congreso, profundizaron el malestar en 1923 cuando, frente a los problemas nacionales, se encontraba enfrascado en la revisión de la ley de la Dieta Parlamentaria (un sueldo a los congresales), postergando de la revisión de materias referidas al presupuesto fiscal. Por este motivo postergó, por ejemplo, la revisión de una serie de proyectos de ley propuestos por el ejecutivo y que beneficiaban directamente a las Fuerzas Armadas, pues la ley que los regía no había sido modificada desde 1912. Estos proyectos tenían relación con retiros, definición de plantas y ascensos, y particularmente, sueldos, y principalmente las reparaciones por el adeudamiento de sueldos a su planta de oficiales como suboficiales.
Profundización de una crisis
La inflación, que como todo desorden que afecta al precio de los bienes, golpeaba mas fuertemente a los más pobres: entre 1919 y 1923, año previo a las elecciones y de tramitación del “sueldo” para los parlamentarios, el precio del trigo había aumentado en un 25, 6%, mientras el de la carne un 26, 4 %., y entre 1923 y 1925, un 30% y 50% respectivamente
El 2 de Septiembre de 1924, cuando el Congreso aún se concentraba en la tramitación de la Dieta Parlamentaria, un grupo de oficiales jóvenes se congregó en la Sala de Sesiones, haciendo sonar sus sables, como manera de protestar contra lo que consideraban una burla a la tardanza en el pago de sus sueldo. De un movimiento con carácter eminentemente reivindicativo e institucional, se transformó en espacio de presión por aquellas reformas que habían constituido el centro de la campaña presidencial de 1920 y que no se habían concretado al cabo de cuatro años. Las fuerzas armadas, constituyeron una Junta Militar, al interior de la cual se debatía los temas socio-politicos a poner en materias de ley. De la misma surge una Junta de Gobierno, que suma a la Marina. En esta última se reconocía un carácter antialessandrista, por lo que dió un cariz oligárquico a la Junta de Gobierno.
La redacción de las demandas presentadas al Presidente de la República, estuvo a cargo de uno de los militares más prestigiados, el entonces Director de la Escuela de Caballería, mayor Carlos Ibáñez del Campo. Estas demandas, incluido el veto presidencial a la ley de dieta parlamentaria, se transformaron en un verdadero imperativo al Congreso, que no dudó en aprobar las leyes militares, como el conjunto de leyes sociales incluidas en el programa de Alessandri el 8 de Septiembre de 1924, a saber: Ley de Cooperativas, Contratos de Trabajo, Sindicatos Profesionales, Tribunales de Conciliación y Arbitraje, indemnizaciones por accidentes del trabajo.,Caja de Empleados Particulares, Caja de Seguro Obligatorio, Derecho a huelga.
Las Leyes Sociales aprobadas en Septiembre de 1924 mejoraron las condiciones laborales de los obreros, militares y funcionarios públicos. Averigua en la actualidad que instituciones se hacen cargo de las funciones que cumplieron los siguientes organismos.
Logrado esto, los militares se sintieron en la obligación de continuar sus esfuerzos en pos de la “depuración política y administrativa del país”, que pasó entre otras medidas por la destitución de algunos ministros. A ello se sumó la idea de disolver el parlamento, por lo que el presidente Alessandri, sintiéndose sobrepasado por los acontecimientos, decidió presentar su renuncia, no sin antes concretar uno de sus más grandes anhelos, la creación del Banco Central, cuya tarea esencial era el control estatal a la emisión del circulante. Su renuncia no es aceptada pero se lo autoriza a salir del país.
Época de Transformaciones, Primera mitad del siglo XX
La voluntad de profundización democrática de la Junta Militar expresada entre otros aspectos en proponerse una nueva Carta Fundamental a la república, terminaría por entrar en oposición con la Junta de Gobierno, que al integrar a la Marina, había logrado la adhesión de los sectores más conservadores y la deserción de Radicales y Demócratas, que inician acciones para restablecer el orden civil, con la vuelta de Alessandri que se logró prontamente.
Su retorno concilió dos propósitos: la voluntad de elaborar un nuevo ordenamiento institucional que acabase definitivamente con el régimen parlamentario y de otro lado, materializar el retorno de los militares a los cuarteles.. En un año el carácter reivindicativo y casi “gremial” que inspiró el “sonido de sables” en el Congreso, había desembocado en una nueva institucionalidad política .la Constitución de 1925, que regiría la vida republicana hasta el año 1973. Cabe mencionar que esta normativa no entrará en vigencia hasta siete años después de su promulgación.
- Se suprime la facultad del Parlamento de dictar leyes periódicas que podían obstaculizar la labor del ejecutivo.
- Se suprime la facultad del parlamento de , a través del “voto de censura”, obligar al ejecutivo a renovar su gabinete.
- En relación a la Ley de Presupuestos, se autoriza al ejecutivo a hacer uso del total del presupuesto presentado a las cámaras para su aprobación, si éstas no han concluido el trámite al 31 de Diciembre
- Se estableció la facultad del presidente para vetar una ley en trámite y establecer urgencia para otras.
El nuevo orden constitucional
Entre los aspectos destacados de la Constitución de 1925, está la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado cuyos antecedentes los encontramos en la promulgación de las leyes laicas durante el siglo XIX.
Los ensayos de gobiernos militares
El período que transcurre entre 1923 y 1938 estará marcado por la intervención de las Fuerzas Armadas convencidas de un supuesto rol moderador de la vida política del país. Los militares despertaron a la vida pública y al uso de la fuerza , primero por la necesidad de mejorar las condiciones de desarrollo material de su vida profesional, y por solidaridad con otros sectores sociales, que finalmente cuajaron en el deseo de propiciar cambios profundos en la institucionalidad política del país.
La experiencia de la dictadura de Ibáñez (1927-1931) y la República Socialista de Marmaduke Grove ( 1932),constituyen distintos ensayos de gobierno militar, con dos modelos totalmente opuestos, que responden a motivaciones de protagonismo y trascendencia personal, en el primero de los casos, y a la adhesión a una ideología socialista en el segundo.
Como fuera que se originara el sentimiento de legitimación de la intervención militar, lo cierto es que por casi una década las fuerzas armadas lideraron el ejecutivo, desarrollando numerosas iniciativas, pero, como era de esperarse y, atendiendo a la naturaleza misma de la profesión militar, la más de las veces su acento fue marcadamente autoritario y dictatorial.
El coronel Carlos Ibañez del Campo, que de alguna manera había utilizado su ascendiente para colocar en la Junta Militar de 1924 la idea de presionar al parlamento por la aprobación no sólo de las leyes que les involucraban como institución, sino hacer extensiva las acciones reformistas a aquellas materias postergadas del programa de Alessandri, será el mismo quien, luego de la promulgación de la Constitución de 1925, presionará a través de cuartelazos al ejecutivo, obligando al presidente a renunciar por segunda vez. De ahí en adelante, y luego de hacerse elegir presidente de manera presionada, su conducta evidenciará cada vez más rasgos de caudillismo, apartándose de la ley y de ser necesario, persiguiendo a los líderes políticos, tanto de partidos de tradición conservadora, como progresistas.
Envió a la relegación y al destierro, a sus principales adversarios, incluido Alessandri y sus hijos, por mencionar a algunos, aun cuando todos los partidos fueron afectados por sus excesos. Su admiración por Mussolini en Italia y Primo de Rivera en España, lo llevaron a intentar un gobierno de claro soporte nacionalista y corporativista, modelos por los cuales estuvo incluso dispuesto a relativizar el imperio de una de las más “caras” obras de la presión militar las Leyes. El regreso de Aleessandri al gobierno marcó la instauración del régimen constitucional basado en la Constitución de 1925. Las nuevas bases institucionales para la modernización nacional estaban listas, aunque no libre de dificultades.
Gobiernos de transición
Emiliano Figueroa Larraín gobernó entre 1925 y 1927, siendo el primer presidente electo por votación directa. Debió enfrentar el personalismo de Carlos Ibáñez, instalado como Ministro de Guerra, para pasar más tarde a la cartera del Interior, transformándose en el verdadero jefe del gobierno. Figueroa demostraba su falta de carácter frente a los excesos de Ibáñez, quién relegó a políticos opositores y practicó una política permanente de represión política. Llegó al punto de transgredir el régimen constitucional presionando a los Tribunales de Justicia para que no sancionaran su política de orden social. Ibáñez ordenó el arresto domicilia del Presidente de la Corte Suprema, Javier Angel Figueroa, hermano del Presidente de la República. Ante los hechos Figueroa renunció a la presidencia, e Ibáñez asumió la Vicepresidencia, convocando a elecciones para Mayo de 1927.
La crisis económica de 1929
El año 1929 se inició una gran crisis económica mundial, caracterizada por el cierre de muchas fábricas e industrias en todas partes del planeta, pues no había compradores para sus productos, generando elevados índices de cesantía y aumentando la pobreza en los pueblos. En Chile, esta crisis nos afectó profundamente, pues nuestra economía dependía de manera casi exclusiva de las ventas de salitre a otros países. Al verse empobrecidos, nuestros principales mercados dejaron de comprar y la economía chilena cayó en picada.
Al mismo tiempo, Chile tenía una industria muy poco desarrollada, razón por la cual debía adquirir en el extranjero la gran mayoría de los productos manufacturados que necesitaba. Como los países industriales disminuyeron su producción, nuestro país se vio afectado además por la falta de manufacturas con que satisfacer sus necesidades.
Al cerrarse los mercados para nuestros productos, el Estado dejó de percibir los recursos necesarios para sus inversiones en educación, salud y obras públicas. Muchos empleados públicos fueron despedidos, lo mismo que miles de trabajadores de las salitreras que comenzaron a regresar a las ciudades de Chile central donde tampoco había trabajo. El hambre y la miseria pasaron a ser parte habitual del paisaje de las ciudades.
Después que culminó el conflicto en 1918, Estados Unidos surgió como la primera potencia mundial, desplazando a Inglaterra y a los países europeos debilitados por el enfrentamiento bélico. La economía norteamericana, que había crecido en forma sostenida durante las primeras décadas, se vio favorecida por la guerra, pues su participación inicial se redujo a vender armas y alimentos a los países involucrados, aumentando extraordinariamente su productividad y a su término se convirtió en el principal acreedor de los países participantes. Sin competidores económicos, con una economía fortalecida y sin daños materiales (la guerra se libró lejos de su territorio), ocupó el sitial de primacía que ostenta hasta la actualidad. A partir de la década de 1920, tras una breve recesión, volvió a retomar su proceso de crecimiento, gracias a la implementación del nuevo sistema de producción en serie que permitió disminuir los costos y tiempos de producción así como también permitió aumentar la productividad.
El nuevo sistema de producción puso al alcance de la mayoría de la población norteamericana una gran variedad de productos a un bajísimo costo, elevando el estándar de vida y generando una sensación de prosperidad y optimismo ilimitado, que llevó a que mucha gente invirtiera sus ahorros en la compra de acciones, pues el acelerado ritmo de crecimiento permitía obtener abundantes ganancias en corto tiempo. Sin embargo, la producción creció a un ritmo mayor que el consumo y pronto empezaron a caer las ventas. La alerta inicial surgió entre los especuladores que intentaron deshacerse rápidamente de sus acciones, y pronto la sensación de crisis cundió, desatándose el pánico en donde todos trataban de vender, haciendo caer bruscamente el precio de las acciones. Ese jueves 29 de octubre, miles de empresas quebraron y hubo muchos suicidios de personas que se arruinaron en cuestión de minutos.
Nuevas opciones por la crisis del capitalismo
La crisis financiera cuestionó fuertemente el modelo económico que hasta ese momento había regido el desarrollo de las economías capitalistas y que consistía en un acentuado liberalismo, es decir, se puso en cuestión la economía que se regía por las leyes del mercado y en la cual el Estado debía intervenir lo menos posible. En este sistema, existían amplias libertades en el comercio internacional para comprar y vender todo tipo de productos, pero, a partir de la Gran Depresión, se consideró necesario que el Estado adoptara algunas medidas para proteger la economía y a las personas, de modo que surgió un nuevo modelo, donde el Estado pasaría a jugar un papel fundamental. Por una parte, debía proteger la industria prohibiendo la importación de productos y entregando subsidios a las empresas nacionales y, por otra, debía desarrollar programas de acción social tendientes a ayudar a los más necesitados, generando empleos para reactivar la economía. Estos nuevos modelos fueron aplicados en prácticamente todos los países del mundo, con mayor o menor intensidad, de modo que el comercio internacional se restringió fuertemente como consecuencia de las medidas proteccionistas aplicadas por los países más industrializados. En Italia, Alemania y España, esta tendencia de creciente importancia del Estado se combinó con un fuerte nacionalismo y dio origen a gobiernos fascistas y nacionales socialistas, donde el partido dominante se funde con el Estado, al que se subordinó cualquier otro poder. De algún modo, los impactos de la Gran Depresión crearon las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, que se abre con la crisis y se prolonga después del gran conflicto, es cuando se desarrolla el período de los gobiernos radicales en Chile.
Carlos Ibáñez del Campo gobernó entre 1927 y 1931, siendo electo casi sin oposición. Su carácter fue un fuerte personalismo y un marcado autoritarismo presidencialista. Aprovechó las ventajas del sistema electoral para nombrar sus propios candidatos. Entre sus obras se cuenta la creación de la Contraloría Gneral de la República en 1927, organismo autónomo encargado de fiscalizar la administración financiera del Estado. Organizó el cuerpo de Carabineros de Chile, organismo policial destinado al control del orden público y al servicio social. En materia de relaciones internacionales, en 1929 se firmó el Tratado con Perú, llegando a una solución final del problema de la posesión de Tacna y Arica, pendiente desde el final de la Guerra del Pacífico. La Gran Crisis de 1929 afectó su gobierno, generando una gran oposición ante su autoritarismo –reacción civilista- y a las malas condiciones económicas del país. Se exilió en Argentina en 1931.
Período de Anarquía política
El gobierno de Juan Esteban Montero entre 1931 y 1932 fue el resultado de una reacción civil y constitucional que aspiraba a romper el autoritarismo de Ibáñez. Por si solo fue incapaz de resolver la grave situación económica, debiendo enfrentar el peor momento económico de la vida nacional desde 1930. Las protestas y las exigencias de los diversos grupos sociales, entre ellos los militares, terminaron por precipitar la caída del gobierno.
Un golpe militar terminó por imponer el liderazgo del coronel Marmaduque Grove, en 1932, caudillo de una Junta Militar que derrocó a Montero el 4 de junio, sustituyéndolo por una Junta Socialista integrada por Puga, Dávila y Matte. Grove aumió la cartera de Defensa. Más tarde, Carlos Dávila asume como Presidente Provisional el 8 de julio, convocando a elecciones de Congreso Nacional . Tras la renuncia de Dávila, luego de 100 días de gobierno, el gobierno quedó en manos del General Bartolomé Blanche, quién en medio de las intrigas militares y los actos de fuerza del Ejercito y la Fuerza Aérea, entrega el mando al Presidente de la Corte Suprema Abraham Oyanadel.
Recuperación de la gobernabilidad y el sistema democrático
Después de los peores momentos de la crisis de 1929, regresa al gobierno Arturo Alessandri Palma entre los años 1932 y 1938. Desarrolló un gobierno nacional de tipo presidencialista, que desarrolló la política de depuración del caudillaje militar ibañista, así como de la recuperación del orden público y de la economía nacional. Deseaba recuperar la economía nacional fortaleciendo la industria. En la industria del salitre se termina con la COSACH creada por Ibañez y se crea la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo en 1934. Los problemas sociales no cesaron en este período. Oscuros incidentes enlodaron la gestión de Alessandri como la matanza de Ranquil, en que fallecieron mapuches y colonos en un enfrentamiento armado con carabineros, y la matanza del Seguro Obrero, donde murieron 70 jóvenes militantes y simpatizantes del Movimiento Nacional Socialista (NAZI) chileno.
El esfuerzo industrializador, 1938 - 1952
Todas las personas a lo largo de su vida enfrentan en algún momento una crisis importante. Puede ser que ella les cause inseguridad, temor o tristeza, y que, por un momento, piensen que su problema no tiene solución. Cuando pasa el tiempo y la “tormenta” se ha calmado, se dan cuenta que para poder superar la crisis tuvieron que tomar decisiones que, muchas veces, significaron cambios importantes en su manera de pensar, de actuar o de relacionarse con los demás, y que después del conflicto, muchos aspectos de su vida o de su forma de ser se modificaron. Con los países pasa algo similar, porque a lo largo de su historia pasan por momentos especialmente críticos, cuyas tensiones ocasionarán roces y conflictos, que cada sector tratará de solucionar de manera conveniente para sus intereses. Así ocurrió en la década de 1930, y desde entonces, la historia de Chile no fue la misma. Nuevos sectores sociales (clase media y obreros) se hacen presentes en la vida nacional; otras tendencias políticas tienen acceso al poder, derrotando el antiguo predominio liberal - conservador; y la actividad económica del país da un importante vuelco en cuanto a sus prioridades productivas.
La clase media encaminada a la democratización social
Hoy, la mayoría de la población chilena pertenece a la clase media, cuya historia de más de ochenta años, está marcada por su papel protagónico en muchos de los hechos históricos contemporáneos. Sin embargo, esta situación no fue siempre así. Durante gran parte de la historia de nuestro país no existía una clase media, es decir, un sector social ubicado entre el grupo dominante y los sectores populares. Según los historiadores solo a mediados del siglo XIX, cuando Chile había logrado consolidarse políticamente y gozar de los beneficios de la expansión económica, comenzó a desarrollarse en forma paulatina un grupo identificado como sectores medios.
Su desarrollo se encuentra estrechamente vinculado al crecimiento de las ciudades. En ese paisaje, artesanos y comerciantes fueron las primeras expresiones de su nacimiento. En la medida que la economía crecía, y el Estado aumentaba sus ingresos, surgieron una serie de iniciativas que fueron clave en la expansión de la clase media. La inversión estatal en educación (escuelas básicas, liceos e incluso la Universidad de Chile) permitió que muchas personas, hijas de campesinos o de obreros, tuvieran acceso a una educación gratuita que les podía permitir ascender socialmente. A este elemento se sumó, en las primeras décadas del siglo XX, el crecimiento de los trabajos ofrecidos por el mismo Estado, que en la medida que creaba más escuelas, liceos, ministerios o empresas públicas, o que ampliaba la dotación de las Fuerzas Armadas, requería de empleados que se ocuparan en ellas. Profesoras, carabineros, burócratas o funcionarios del ferrocarril, tuvieron posibilidades de encontrar un trabajo fiscal que, desde la perspectiva laboral significaba su ingreso a la clase media.
Estas transformaciones hicieron que cada vez fuera más corriente ver que hijos provenientes de hogares obreros o campesinos pudieran capacitarse profesionalmente y gracias a ello, desempeñarse laboralmente en actividades mejor remuneradas que las que tenían sus padres, elevando considerablemente la calidad de vida de sus familias.
No solo la acción del Estado influyó en el desarrollo de una clase media en Chile. Numerosos sectores, en los cuales un número importante estaba representado por inmigrantes de origen extranjero, dio lugar a una iniciativa empresarial generalmente de carácter comercial o industrial, que cambiaba el dominio casi exclusivo que hasta comienzos del siglo XX, había desarrollado la oligarquía en rubros que significaban una importante inversión de capital.
Una nueva alianza política: El Frente Popular
Una de las manifestaciones más claras del crecimiento y del poder que fue adquiriendo la clase media en la sociedad, fue cuando por primera vez se hace presente en la conducción política del país. El final del período parlamentario surge el presidente Arturo Alessandri Palma, que bajo una inspiración liberal y renovadora, desarrollará los cambios políticos y jurídicos para posibilitar la participación en el escenario político de la clase media y los trabajadores organizados.
A mediados de la década de 1930, cuando Arturo Alessandri gobernaba por segunda vez el país, los sectores políticos que eran opositores a su gobierno decidieron unirse en una alianza. El partido Radical, que se definía como un partido de centro y representante de los intereses de la clase media, siente que una alianza con partidos de izquierda puede contribuir mejor a realizar su programa de gobierno, mucho más identificado con los intereses de los trabajadores que con los de la oligarquía. El partido Comunista, que en la década anterior había tenido una estrategia que apuntaba a cambiar el sistema económico y político, decide que participando en las elecciones y eligiendo representantes de su tendencia puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Ambos partidos, más el Socialista, formarían en 1936 el Frente Popular, que en 1938 elige como presidente al radical Pedro Aguirre Cerda, llegando por primera vez al poder político un representante de la clase media.
Uno de los pilares fundamentales de esta nueva alianza política, fue el rol que asignaron al Estado como un protagonista fundamental del quehacer nacional. Este protagonismo se manifestó en el estímulo y participación en la actividad económica y en una política de protección social que favoreció en forma especial a la clase media y a los obreros industriales.
La política de protección social corresponde a una serie de medidas para ganantizar una mejor calidad de vida a la población. En este período se expresó en importantes leyes laborales, como el establecimiento de un salario mínimo y de indemnizaciones en caso de que un trabajador fuera despedido. A estas disposiciones se sumaron otras que tendieron a asegurar sus derechos a los trabajadores en materia habitacional, educacional, de salud y previsión.
Los gobiernos radicales
Aunque el Frente Popular no tuvo mucha duración bajo ese nombre, los tres presidentes radicales del período fueron elegidos por una alianza política que incluyó al Partido Comunista y al Socialista: Pedro Aguirre Cerda (1938 - 1941); Juan Antonio Ríos (1942 - 1946) y Gabriel González Videla (1946 - 1952).
Función del Estado en el nuevo modelo económico
El gobierno del Frente Popular y el acceso de nuevos sectores sociales al poder político, se sumaron a una serie de importantes transformaciones económicas que vivió el mundo desde la década de 1930. Estas condiciones favorecieron el comienzo de la implementación de un nuevo modelo de desarrollo en Chile. Su característica principal fue el cambio en la organización de la economía, acompañado, además por un aumento importante de la participación social y política y de significativas innovaciones en el ámbito cultural.
La reconstrucción de una economía tras la crisis
Los efectos de la crisis no fueron inmediatos en nuestro país, pues se dejaron sentir solo al año siguiente, en 1930. Entre los países latinoamericanos, Chile fue el más afectado, ya que a la baja de las ventas del salitre se sumó la caída en sus precios, provocando un doble efecto que significó una caída general de la actividad económica. El gráfico que se presenta a continuación ilustra los porcentajes en que cayeron las principales actividades económicas hacia 1932, el peor año de la crisis, y los porcentajes de recuperación alcanzados hacia 1938.
Una economía vulnerable ante la crisis mundial
Este hecho puso de manifiesto la enorme dependencia de la economía nacional de los ingresos del salitre. Si tuviéramos que establecer una comparación para explicar sus efectos, podríamos decir que equivalió a lo que para una familia pobre significa que el jefe o jefa de hogar quede cesante. En efecto, durante más de 50 años, Chile basó su crecimiento en las exportaciones salitreras y en 1930, tras una década de inestabilidad, la principal fuente de ingresos colapsó, siendo necesario cerrar un gran número de oficinas y acoger en Santiago a miles de cesantes, que buscaron refugio en la ciudad. Así se hizo evidente para todo el mundo la necesidad de impulsar un proceso de desarrollo basado en la creación de industrias, que aseguraran una menor dependencia del sector externo y dieran solución a una serie de problemas económicos y sociales que se arrastraban del siglo anterior, y que durante las primeras décadas del siglo XX se habían transformado en un problema político. Este nuevo proyecto, que siguió las tendencias económicas mundiales en relación con el papel del Estado, se denominó proyecto de crecimiento hacia adentro o modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones (ISI), y se desarrolló entre 1930 y 1973. En esta unidad estudiaremos su primera etapa, que alcanza hasta 1953, año en que entra en crisis.
Un crecimiento hacia adentro: fortalecimiento de la industria nacional
El ISI se basó en la idea de fomentar el crecimiento de la industria nacional, a fin de que los bienes producidos sustituyeran progresivamente aquellos que se importaban. Se esperaba, además, que la demanda por los bienes nacionales aumentara progresivamente para así estimular el crecimiento y diversificación de la industria nacional. Se esperaba poder ir pasando de una primera etapa de producción de bienes finales (ropa, muebles, utensilios, calzado, etc.) considerada fácil, a la segunda etapa, de producción de insumos industriales (energía, maderas elaboradas, metales, químicos, etc.) y, finalmente, a la etapa final, considerada la más difícil, de producción de maquinarias y bienes de capital. Se pensaba que este proceso se daría en forma secuencial y las etapas se sucederían unas a otras, del mismo modo que había ocurrido en el proceso de industrialización de los países desarrollados. De paso, el desarrollo industrial traería aparejado la disminución de la cesantía y pobreza en la que vivía gran parte de la población.
En busca de un nuevo modelo económico para el desarrollo
Esta idea de desarrollo que también se impulsó en otros países latinoamericanos, no fue formulada como modelo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, época en la que comienza a aplicarse en el resto de los países del continente, por recomendación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo técnico, dependiente de las recién creada Naciones Unidas. La idea, a pesar de ser desarrollada tempranamente, no era nueva en Chile, ya que había sido parte del discurso de los sectores políticos liberales (pipiolos) durante el siglo XIX y también del discurso reivindicativo de los sectores de izquierda, durante las primeras décadas del siglo XX. Contribuyeron también los ensayos nacionalistas que, con distintas ópticas, denunciaron la crisis de fin de siglo y clamaron por cambios estructurales. Sin embargo, su aplicación no se debió a la convergencia de estos discursos ni a acuerdos entre los sectores políticos y sociales, sino a las necesidades creadas por la depresión de 1929 y por los impactos sucesivos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En cada uno de estos hechos, el país sufrió las consecuencias de la escasez de productos habitualmente abastecidos por los países industrializados y la disminución de los volúmenes o de los precios de las materias primas que exportaba, poniendo en evidencia su dependencia y vulnerabilidad respecto de las economías desarrolladas.
Por otra parte, Chile poseía desde el siglo XIX cierto desarrollo industrial, que venía acrecentándose en forma paulatina y sostenida y que, en 1930, participaba de poco más del 15% del PGB. Incluso, desde 1883, existía la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), organización empresarial creada para la protección y defensa de la incipiente actividad industrial y, desde 1909, la Federación Obrera de Chile (FOCH), organización que en 1930 agrupaba 200.000 trabajadores organizados en 1.200 sindicatos. De manera que la aplicación de esta política de desarrollo no es el inicio del proceso de industrialización, sino su impulso como eje estratégico de desarrollo nacional.
Un nuevo modelo en marcha
Las primeras acciones que llevaron a su puesta en práctica, se desarrollaron bajo el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, entre 1932 y 1938. Estas fueron: el establecimiento de medidas protectoras de la industria nacional y la entrega de créditos y estímulos económicos y tributarios para las empresas. La protección a la industria se implementó a través del alza de los aranceles de importación, es decir, se elevaron los impuestos a los productos importados de modo que los consumidores prefirieran los nacionales que se vendían a menor precio. A pesar de estas acciones, la puesta en marcha del modelo de crecimiento hacia adentro ocurrió de manera explícita en 1938, con la llegada al poder del Frente Popular que dio inicio al período de los gobiernos radicales.
El mismo año que comenzaba la Segunda Guerra Mundial (1939), durante el breve gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), hito fundamental en el desarrollo del modelo, pues mediante este organismo el Estado se convirtió en el principal empresario del país y en el rector de la economía nacional. Además, se abocó a la tarea de investigar y diagnosticar las reservas, cuantía y potencial de nuestras riquezas naturales, a fin de establecer las bases para el futuro desarrollo del país y se creó un sistema de cuentas nacionales que permitiera llevar un registro estadístico del progreso nacional. En los siguientes gobiernos radicales de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, se crearon las empresas estratégicas: la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Empresa Nacional de Energía (ENDESA), la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Chilectra y la Industria Azucarera Nacional (IANSA), entre otras. Con la creación de la CORFO se inauguró una segunda fase en el período de crecimiento hacia adentro, pues de Estado promotor del desarrollo económico, cuya función principal era proporcionar el crédito para la inversión industrial privada y proteger la industria de la competencia extranjera, pasaba a convertirse en Estado empresario, creador y administrador de grandes empresas nacionales. Posteriormente, se convertiría en Estado programador asumiendo el rol de orientar la inversión futura, fuese pública o privada.
Las falencias del modelo económico-productivo
El proceso de industrialización y de reformas que se llevaron a cabo a partir de los gobiernos radicales no incluyó el sector agrario, pues no realizar la reforma agraria fue parte del acuerdo logrado entre los empresarios y los sectores políticos de izquierda que integraban la coalición del Frente Popular, para echar a andar el programa. Así, se mantuvieron sin alteraciones los intereses de la oligarquía, que conservaba en el mundo rural sus antiguas relaciones de poder sobre la masa campesina, la que permanecía aislada de las transformaciones experimentadas en el país. Este hecho resultará clave en los problemas que enfrentará Chile en las décadas del ‘60 y ‘70.
La nueva función del Estado benefactor durante 20 años
La constitución y triunfo del Frente Popular, en 1938, representó, en alguna medida, la culminación de un proceso que comenzó a desarrollarse en Chile junto con el debate sobre la cuestión social. La llegada al gobierno de esta alianza de centro-izquierda era la posibilidad para que estos grupos pudieran poner en práctica sus ideas sobre cómo debían solucionarse los graves problemas sociales que afectaban a un número importante de chilenos.
La democratización social fue entendida como un proceso que redistribuyera mejor los ingresos de la sociedad, labor en la que al Estado le cabría un rol importante. Su participación en la solución de problemas sociales no fue una iniciativa que naciera con el Frente Popular. Sabemos que a comienzos de siglo se dictaron las primeras leyes sociales, y que durante el gobierno de Alessandri Palma se realizaron importantes avances en materia laboral. Los problemas sociales dejaron de ser vistos como asuntos de caridad y pasaron a ser considerados cuestiones de justicia. Era el nacimiento del Estado protector, cuyo principal foco de interés fue proteger a los obreros contra los excesos provocados por la industrialización naciente, cuestión que con algunos cambios se mantendrá durante las décadas siguientes.
Desde la década del ‘30 comenzó a producirse un importante cambio en la percepción del Estado en materia social. Del Estado protector se transitó hacia un Estado benefactor que se concentró más que en la protección contra los excesos, en la aplicación de una política estatal en materia laboral y social. Al primer caso, corresponden las iniciativas que tendieron a regular las relaciones laborales, las condiciones de trabajo y las remuneraciones. Al segundo, las orientadas a satisfacer las necesidades de educación, salud, nutrición, vivienda y seguridad social.
La aplicación de estas políticas respondió a dos motivaciones principales. La primera, era organizar social y masivamente la satisfacción de una serie de necesidades que en el pasado habían sido cubiertas por la familia, como por ejemplo la salud, la educación, la vivienda o la protección de la vejez. En estos casos, las políticas sociales debían cumplir la función de dar seguridad, en una sociedad de masas que descansaba cada vez menos en la familia y la comunidad local, para enfrentar ciertos estados de necesidad económica. La segunda motivación era que el Estado asumiera un papel redistributivo del ingreso, a través de la prestación de estos servicios. El objetivo era que la satisfacción de las necesidades ya referidas no dependiera de la capacidad de pago de las personas, procurando que las políticas mejoraran las condiciones de vida de las familias de menos ingresos, combatiendo y, sobre todo, previniendo la pobreza.
Las políticas más importantes adoptadas en materia social hasta la década de 1920, estuvieron dirigidas casi exclusivamente a las condiciones de vida del proletariado. A partir de la década del ‘30 y hasta la década del ´50, aunque los sectores obreros triplicaron sus beneficios sociales, los grupos identificados como empleados obtuvieron mejorías bastantes superiores. Esta tendencia parece sustentarse, en primer lugar, en el acceso de los grupos medios al poder Ejecutivo, lo que ayudó a procesar e incorporar sus demandas y, en segundo lugar, en el deterioro que experimentó el poder de presión de los obreros, a consecuencia de una legislación laboral que había logrado regular y reducir drásticamente los hechos de violencia que marcaron el período previo.
Política laboral
Un hito que marcó significativamente las relaciones laborales en Chile fue la promulgación del Código del Trabajo en 1931, en el cual se reúnen e integran las leyes de la década anterior. A esa legislación, eminentemente protectora del trabajador, se le van agregando a partir de entonces una serie de nuevas disposiciones, entre las que destacan las relacionadas con la fijación de remuneraciones mínimas y con el pago de indemnizaciones por despidos.
El establecimiento de un salario mínimo se logró en distintos momentos y benefició de manera diferente a cada uno de los grupos que gozó de él. En 1934, lo obtuvieron los obreros del salitre; en 1937, los empleados particulares; a los obreros industriales se fue concediendo por ramas de actividad, haciéndose obligatorio para todos a partir de 1956, y en 1953, se estableció para los obreros agrícolas.
Algo similar ocurrió con las indemnizaciones por despido. Hay disposiciones sobre la materia dictadas en 1933 para los obreros de bencineras y petróleo; en 1937, para los empleados particulares; en 1940, para los obreros de ferrocarriles y, en 1943, para los obreros municipales. Entre los distintos grupos difieren el número de semanas de indemnización por año y la forma en que se contabilizaban los años.
La creación de estos y de otros beneficios requirió, en varios casos, dar nacimiento a nuevas instituciones públicas para atender los programas que se estaban implementando.
Política social
En materia habitacional se creó en 1936 la Caja de Crédito Popular, con el fin de favorecer la construcción de viviendas para los trabajadores, mediante el financiamiento estatal y, principalmente, a través de los fondos destinados por las cajas de previsión. En 1952, la Corporación de la Vivienda (CORVI) continúa la tarea anterior.
En materia de salud, se organizaron, en 1938, los servicios para ofrecer atención médica preventiva a los trabajadores y se extendió la atención curativa a la madre y al niño, en el caso de los obreros. En 1952, el beneficio se hizo extensivo a toda la familia del trabajador. Esto último fue acompañado de una reorganización institucional que llevó a la formación del Servicio Nacional de Salud (SNS)
La salud pública
La creación del Servicio Nacional de Salud en 1952 y la ampliación de los beneficios del sistema de seguridad social contribuyeron a mejorar los niveles de salud, como también lo hicieron las organizaciones que se preocupaban del cuidado y de alimentación de los niños. Estos servicios, junto con un mejor cuidado prenatal, la introducción de antibióticos y fuertes programas para eliminar la tuberculosis (la mayor causa de muerte), redujeron substancialmente la tasa de mortalidad. Entre 1930 y 1952, las expectativas de vida para las mujeres aumentaron de 37,7 a 53,8 años; y para los hombres, de 35,4 a 49,8 años. Sobrevivir el primer año de vida todavía era difícil. En 1955 la tasa de mortalidad infantil era de 115,3 por cada mil nacidos vivos.
La sindicalización
Los trabajadores afiliados a la seguridad social pasaron de poco más de 900 mil en 1935, a cerca de 1.600.000 en 1955, representando alrededor del 65% de la población activa. Entre los obreros, el número de afiliados a la seguridad social alcanzó un 69%, mientras los empleados públicos lo hacen en 180% y los empleados del sector privado en 220%.
En el campo previsional, además de la incorporación de nuevos grupos de trabajadores, se establecieron paulatinamente nuevos beneficios.
a) Las asignaciones familiares se establecieron en 1937 para los empleados particulares y en 1953 para los obreros. Los montos de estos beneficios, así como los requisitos para acceder a ellos, variaban substancialmente de una institución previsional a otra.
b) El subsidio de maternidad, dispuesto en 1938, debía ser pagado por el empleador, teniendo un evidente efecto sobre las decisiones de contratación. En 1952, el sistema se reformó adaptando características de seguro social.
En 1952, la reforma que dio lugar a la creación del SNS y del Servicio de Seguro Social mejoró substancialmente las prestaciones que se habían establecido para los obreros en las décadas anteriores. Ese mismo año se organizó un régimen de pensiones por antigüedad, invalidez y muerte para los empleados particulares.
En el campo educacional continuó la expansión de matrículas en todos los niveles y con especial intensidad en el nivel medio. En 1953, se creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para apoyar con alimentación y útiles escolares a los estudiantes de menores recursos.
En muchas sociedades, un camino clásico para salir de la pobreza ha sido la educación. En Chile, los años de aporte gubernamental comenzaron a dar frutos después de 1950 cuando el alfabetismo aumentó al 84,6% en 1960. Esa cifra, sin embargo, escondía una realidad irregular: la mayoría de los que entraban en el sistema educativo primario permanecían en él menos de cinco años; solo tres de cada diez niños pasaban del sexto año de educación básica y solo uno de cada veintidós llegaba hasta el último año de educación secundaria.
La cantidad de estudiantes universitarios aumentó de 7.800 en 1940 a 19.000 en 1956. Aunque el número de Universidades también creció, en 1950 el 75% de los estudiantes asistía a la Universidad de Chile. Además de las otras dos universidades privadas existentes (la Católica en Santiago y la de Concepción en la ciudad homónima) en la década de 1920 se establecieron la Universidad Católica de Valparaíso y la Federico Santa María, ambas en Valparaíso. En Santiago, González Videla creó, en 1947, la Universidad Técnica del Estado, muchos de cuyos graduados encontrarían empleo en las nuevas empresas industriales auspiciadas por la CORFO. En 1954, Ibáñez aprobó la creación de la Universidad Austral, en Valdivia.
El gasto social
Los programas de previsión, salud y vivienda estaban muy interrelacionados en este período, tanto por su financiamiento como por la población a la que atiendían. La previsión y la salud se financiaban con aportes de empleadores y trabajadores, que eran obligatorios y fueron creciendo durante el período, además de contribuciones estatales en el caso de los obreros. La vivienda, en tanto, era financiada mayoritariamente con las reservas de las instituciones previsionales, a través del otorgamiento de préstamos hipotecarios a los imponentes para la compra de viviendas, y la inversión directa en compra de bienes raíces.
El Frente Popular como primera alianza política de centro-izquierda
En 1938, asumió el gobierno de Chile una alianza política de centro-izquierda, el Frente Popular que, aunque no perduró mucho bajo ese nombre, se mantuvo como bloque en el poder hasta el año 1947. La coalición agrupó a los partidos Radical, Comunista y Socialista, y fue la expresión más clara de cómo en las tres primeras décadas del siglo XX, se habían ido consolidando posturas políticas que representaban los intereses de los otros sectores sociales: la clase media y el proletariado. La nueva alianza, recogió de manera importante la herencia que, desde fines del siglo XIX, venía perfilándose en la mayoría de los sectores políticos chilenos, sobre todo los de reciente creación: la valoración del Estado como un protagonista fundamental del quehacer nacional, no solo estimulando y participando de la actividad económica, como ya hemos visto, sino que además, mediando en las relaciones entre los distintos sectores sociales, a través de un carácter que en lo fundamental apuntaba hacia la protección social.
Entre 1927 y 1933, la línea política del partido Comunista de Chile fue la conquista del poder a través de una estrategia revolucionaria. Esto significaba que se desconocía la legitimidad del sistema político vigente y de sus mecanismos de acción; que el sistema capitalista debía ser remplazado por uno de orden socialista, y que el Partido era considerado el verdadero portavoz de los intereses de la clase trabajadora y, por tanto, el único que legítimamente podía conducirlos y representarlos. Esta postura se manifestó en la participación de los comunistas en acontecimientos como la sublevación de la Escuadra en la bahía de Coquimbo, el asalto al regimiento Esmeralda de Copiapó, un intento de alzamiento en Vallenar, un frustrado complot en Ovalle y la realización de un paro general en 1931, el primero desde que Ibáñez asumiera el poder en 1927.
La línea de acción asumida por el partido Comunista en estos años, se explica por su apego a la estrategia propiciada por la III Internacional desde el año 1927, pero sobre todo, por la situación en que queda el capitalismo mundial después de la gran crisis de 1929. Las secuelas de miseria y desempleo, que Chile sufrió con especial dureza, hicieron pensar que se trataba de la crisis terminal del capitalismo, y que había llegado el momento de las grandes transformaciones revolucionarias que conducirían a una sociedad socialista. En 1933, sin embargo, luego de infructuosos intentos por iniciar la “revolución democrática popular” y cuando la economía comenzaba a manifestar sus primeros signos de recuperación, los comunistas realizaron su Conferencia Anual en la que concluyeron que era necesario dar un carácter “democrático burgués” a la revolución. Este cambio de estrategia significaba la decisión de los comunistas de actuar dentro del sistema de partidos, tratando de incidir desde ahí en la política nacional.
En 1935, un nuevo Congreso de la III Internacional determinó que el problema central de la política europea era la expansión de las posturas fascistas, y que para combatirlas era necesario llegar a acuerdos con los socialistas y los sectores burgueses. A partir de ese momento, el comunismo chileno propició el establecimiento de acuerdos políticos con sectores de centro y de izquierda, e identificó su programa con los intereses pluriclasistas que propiciaban modernizaciones económicas, en lugar de transformaciones revolucionarias, dando inicio a la estrategia del Frente Popular.
La adhesión de los radicales al gobierno de Alessandri nunca fue muy fluida, pues siempre existió un sector del partido contrario a colaborar con un gobierno en el que participaban sus tradicionales adversarios (conservadores y liberales). Si a esto sumamos el avance de posturas partidarias que rechazaban el régimen capitalista y los actos de represión del gobierno hacia el movimiento huelguístico de los trabajadores, se explica que en 1936 el partido Radical decidiera reformular su estrategia de alianzas en favor de la izquierda y propiciara la opción de constituir un Frente Popular.
La matanza del Seguro Obrero
La campaña presidencial de 1938 tuvo tres candidaturas: la de Pedro Aguirre Cerda por el Frente Popular, la de Gustavo Ross, nominado por liberales y conservadores, y la de Carlos Ibáñez del Campo, por el Movimiento Nacional Socialista. El ambiente preeleccionario fue de gran tensión. Para la derecha, el triunfo del Frente Popular era sinónimo de dictadura comunista y, para la izquierda, el triunfo de Ross significaba la dictadura fascista. En ese contexto se produjo el episodio del Seguro Obrero, el 5 de septiembre de 1938.
Un grupo de 40 jóvenes del Movimiento Nacional Socialista se apoderó del edificio de la Caja del Seguro Obrero, luego de asesinar a un cabo de carabineros que se encontraba de guardia; mientras, otro grupo se apoderaba de la Casa Central de la Universidad de Chile. Ambos comandos nazis esperaban la llegada de los regimientos, que de acuerdo a la creencia de su líder, Jorge González von Marées, los apoyarían en un golpe de Estado para derrocar a Arturo Alessandri Palma. El conato subversivo fue enfrentado con extrema rigurosidad y terminó con un saldo de sesenta y tres jóvenes, en su mayoría estudiantes y empleados, acribillados en el edificio del Seguro.
El horror de este asesinato provocó muestras de gran repudio hacia el gobierno de Alessandri, y el llamado de Ibáñez, desde la cárcel, para que sus partidarios apoyaran la candidatura de Aguirre Cerda. De este modo, en Chile se dio la paradoja de que el Frente Popular, estrategia política propiciada por la Internacional Comunista para combatir al fascismo, resultara triunfante con el apoyo nazi. En 1933, con la fundación del partido Socialista se creó una situación especial en la correlación de fuerzas políticas chilenas, por la existencia de dos partidos revolucionarios de tendencia marxista. Aunque el partido Socialista se diferenció del Comunista por querer representar a grupos sociales más amplios que la clase obrera (especialmente empleados, artesanos y profesionales de provincia) y por su rechazo a la adscripción de los comunistas a las políticas provenientes de la URSS, ambos se identificaban con el mismo proyecto de futuro: el socialismo, entendido como una ruptura del orden estatal precedente, la creación de un Estado de trabajadores o dictadura del proletariado y la nacionalización de los medios de producción. Este bipartidismo de izquierda provocó permanentes roces entre comunistas y socialistas, por las diferencias políticas existentes entre ambos, pero sobre todo por la disputa del mismo espacio social. Desde el inicio del gobierno de Alessandri Palma (1932), los socialistas intentaron constituirse en el eje que uniera a la oposición; sin embargo, sus iniciativas se vieron debilitadas al lanzarse la consigna del Frente Popular propiciada por comunistas y radicales.
Durante los años 1935 y 1936 se estrecharon los contactos en el ámbito sindical entre comunistas, socialistas, democráticos y radicales, proceso que permitió la formación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), sucesora de la FOCH y que había desaparecido durante la dictadura del general Ibáñez, la que reunió a las principales organizaciones sindicales del país. Esta experiencia facilitó la constitución del Frente Popular, que levantó la candidatura del radical Pedro Aguirre Cerda, quien derrotó al candidato de la derecha, Gustavo Ross, con el 50,17% de los votos, superando a su contrincante por solo el 1% de la votación.
Estado comprometido con la democratización
La llegada al poder de esta alianza de centro-izquierda implicaba poner en práctica un proyecto de gobierno que combinaba la modernización capitalista con la democratización social. En el primer aspecto, el eje central era la industrialización apoyada por el Estado, a la que se ligaban ciertos procesos paralelos, como la urbanización y el desarrollo educacional. Para llevar a cabo este proyecto se necesitaban algunas leyes que requerían del apoyo de conservadores y liberales en el Congreso. La derecha aceptó esta forma de modernización en la medida en que fomentaba el desarrollo industrial bajo un régimen de propiedad mixta, pero a cambio, el gobierno debió renunciar al otro pilar de su proyecto de modernización capitalista, la reforma agraria y la sindicalización campesina. De este modo, el proyecto industrializador de iniciativa estatal se implantó en Chile a costa de postergar las transformaciones en el campo.
Los empresarios industriales se beneficiaron a través de una serie de medidas proteccionistas que les otorgó el monopolio de la base industrial del país; la clase media fue recompensada con numerosos empleos en la floreciente burocracia, y los obreros urbanos afiliados a la CTCH se convirtieron en uno de los pilares del Frente Popular, al deponer la hostilidad anti-sistema, a cambio de ciertas cuotas de reconocimiento político y protección social. Se constituía así un “pacto social” o Estado de compromiso, que dejaba fuera de la bonanza al campesinado y a grupos que crecientemente pasaban a integrar los marginales de la ciudad.
La conquista de los derechos políticos
En la historia del movimiento de mujeres en Chile y en el mundo, es posible reconocer que, en coyunturas de crisis, se propicia la incorporación activa de la mujer a todas las áreas del quehacer social o político y que, una vez que las crisis han sido superadas, la tendencia es volver masivamente a sus funciones tradicionales en el hogar. Así ocurrió en 1931, cuando se gestaron los primeros brotes de participación política femenina contra Ibáñez o ante los graves problemas económicos y sociales que las afectaron a ellas o sus familias en los distintos gobiernos que se sucedieron. Sin embargo, en los años siguientes las mujeres se organizaron, crearon sólidas y masivas instituciones que actuaron con gran consenso y, de este modo, lograron presionar y sensibilizar a los parlamentarios y a gran parte de la sociedad, conquistando finalmente el voto político en 1949. Conozcamos algunos de los hitos más importantes de esta historia.
Las elecciones municipales
En 1934, y como una forma de probar su incursión en política, se otorgó el derecho a elegir y ser elegidas en las elecciones municipales. La municipalidad era como una gran casa, por lo que sus funciones se veían como más cercanas a las “habilidades” y “capacidades” de las mujeres. La primera elección municipal (1935) pareció confirmar los temores de muchos partidos de centro e izquierda respecto de la tendencia más conservadora de la mujer. Ello probablemente incidió en que más mujeres de derecha que de izquierda se interesaran por postularse y acceder a cargos políticos. No obstante, la primera intendente y primera parlamentaria (1950) fue Inés Henríquez, militante del partido Radical.
El proyecto económico del Frente Popular
La catástrofe económica afectó al mundo durante toda la década del ‘30, y provocó que en muchos países surgieran iniciativas para evitar que una crisis de esta envergadura volviera a repetirse. En Chile, la principal conclusión de las autoridades de la época, fue que nuestra economía no podía estar basada en las ventas de un solo tipo de producto, pues esto la hacía muy vulnerable a los cambios de la economía externa.
La realidad económica mundial, permitió ver, sin lugar a dudas, que los países más poderosos y desarrollados eran los que primero habían iniciado la industrialización de su producción. Por tal razón, no fue raro que la segunda conclusión fuera que se debía hacer un enorme esfuerzo por sacar al país del atraso tecnológico e industrial en que se encontraba. En consecuencia, se concluyó que en esta tarea el Estado debía tener un rol preponderante, fomentando la creación de industrias con leyes favorables, facilitando recursos al sector privado, e incluso convirtiéndose él mismo en un empresario industrial.
Con el triunfo del Frente Popular, el Estado tomó un rol más activo en la economía del país. Fue promotor y gestor de un proceso de industrialización que tuvo por objetivo, la sustitución de importaciones o el crecimiento hacia adentro. Los gobiernos radicales tenían la convicción de que el país no podía seguir sustentando su desarrollo sobre la base de la exportación de materias primas. Además, se planteó la necesidad de generar un proceso social y cultural para mejorar los niveles de vida de los chilenos y chilenas y, al mismo tiempo, reducir los altos índices de cesantía.
La Corporación de Fomento a la Producción y al Comercio CORFO
Para poner en marcha el proyecto industrializador propiciado por el gobierno, en 1939 se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) una institución del Estado que tuvo por objeto planificar y llevar a cabo los diversos proyectos que impulsarían la industrialización del país, como por ejemplo la producción de energía y de acero. El gobierno crea empresas propias, para lo cual debió pedir financiamiento extranjero. Gracias a este esfuerzo se llevaron a cabo los siguientes proyectos:
Un plan de electrificación con el propósito de superar las deficiencias de producción de electricidad en el país. Con ese fin se creó la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), que inició la instalación de grandes plantas hidroeléctricas, como las centrales de Sauzal, Abanico Los Molles y Pilmaiquén.
Como el país no contaba con combustible para el consumo interno, lo que implicaba comprarlo fuera y a un alto precio, la CORFO impulsó la búsqueda de petróleo en Tierra del Fuego, dando sus resultados en 1945 con el descubrimiento del yacimiento de Manantiales. Para enfrentar dichos trabajos se creó la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), cuyo trabajo permitió ampliar la producción de petróleo y de sus derivados (gas licuado, bencina y parafina).
Para el proceso de industrialización fue necesario la producción de acero. Se aprovechó la existencia de minerales de hierro en la Serena, caliza en la isla Guarello y el carbón de Arauco para crear una planta siderúrgica de Huachipato en la bahía de San Vicente, cerca de Concepción. Para llevar a cabo este proyecto se creó la Compañía de Acero del Pacífico (CAP). La producción de acero en el país, significó la creación de artefactos industriales por parte de algunas fábricas.
Con el fin de ayudar a pequeños y medianos productores de cobre del país, se construyó cerca de Copiapó la fundición de Paipote, dependiente de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI)
En el campo agro - industrial, la CORFO inició en 1945 estudios para la producción de azúcar de remolacha, y en 1952 creó la Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA) que instaló sus plantas en Curicó, Linares y San Carlos.
La creación de la CORFO, tuvo una importancia fundamental, ya que Chile pudo sustituir una buena parte de sus importaciones por productos nacionales. Además, apoyó la ampliación y creación de nuevas industrias por parte de particulares, ayudándolos a conseguir préstamos en el extranjero y brindándoles ayuda técnica.
Gobernar es educar
Cuando Pedro Aguirre Cerda era el candidato del Frente Popular, el lema de su campaña política fue gobernar es educar. Este eslogan permaneció como una verdadera filosofía que motivó a los gobiernos radicales durante todo el período, cuestión que se explica en alguna medida por la conciencia que tenían esos gobiernos del valor de la educación como elemento de cambio social, y porque creían firmemente que este era un tema de primer orden en el desarrollo de los pueblos y por tanto de las naciones.
A esta idea debemos agregar el hecho de que el proyecto industrializador impulsado por los gobiernos radicales, requería de importantes cambios educacionales que prepararan a las personas para asumir las nuevas tareas productivas. Con ese objetivo bajo el período se dio un gran impulso al desarrollo de los Liceos Técnicos, donde se prepararía la mano de obra calificada que requería la industria. La creación de la Universidad Técnica del Estado en 1947, aspiraba a contribuir en la transformación de la economía nacional creando una nueva orientación económica que permitiera el aprovechamiento total de los recursos del país : los naturales, por la investigación científica y técnica de su potencialidad ; y los humanos, a través de la formación de técnicos y profesionales para impulsar el desarrollo de la riqueza nacional.
Durante este período, las autoridades no se preocuparon solamente de educar para la industrialización; también se llevó a cabo un plan de alfabetización y un importante aumento de la cobertura del sistema educacional chileno, con la creación de nuevas escuelas, liceos e institutos. Como resultado de esta expansión el analfabetismo alcanzaba al 20% de la población total de Chile en la década de 1950.
En esta misma línea, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya existentes, ampliaron sus vacantes al implementar nuevas carreras que respondían a este impulso nacional de aumento de la productividad y de capacitación del recurso más importante que tiene un país: su gente. De este modo se contribuyó a elevar la calidad de vida de la clase media, un objetivo constante desde los inicios del siglo XX.
Educación pública
La ampliación de la educación técnico - profesional, a nivel medio, fue notoria durante la presidencia de Aguirre Cerda. En 1941, funcionaban en el país 32 Escuelas Industriales, 16 Institutos Comerciales y 14 Escuelas Técnicas Femeninas. En 1951 los establecimientos de enseñanza técnico - profesional habían aumentado a 97 en el país con una matrícula total de 31.599 alumnos.
La vida cultural
La expansión de la clase media y el impulso que se le dio a la educación durante las décadas de 1930 y 1940, tuvieron importantes consecuencias en el desarrollo cultural. Nuevas corrientes artísticas en la literatura, la pintura, la música y el teatro dieron lugar a un florecimiento cultural que, por primera vez, tenía como protagonistas principales a personas que provenían de la clase media, en su gran mayoría. Nombres importantes nombres que seguramente tú conoces, realizaron en estos años parte significativa de su creación.
En la poesía destacaron Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Esta última alcanzó relevancia a nivel mundial cuando en 1945, se le concede el Premio Novel de Literatura. En la pintura surgen figuras de gran relevancia hasta nuestros días, como las creaciones de Nemesio Antúnez, Roberto Matta y Mario Carreño. La actividad musical tuvo importantes avances con la creación de la Orquesta Sinfónica de Chile en 1941. Posteriormente, en 1945, nació el Ballet Nacional y el Coro de la Universidad de Chile. Además, destacó la figura del pianista Claudio Arrau.
Una de las características más importantes del período que estudiamos fue el significativo aumento de la participación social, es decir de formas, a través de las cuales distintos grupos de la sociedad eran capaces de dar a conocer sus intereses e inquietudes y de influir para que éstas fueran acogidas por la autoridad. Entre las más destacadas se encuentra la organización sindical de los trabajadores y la participación política de las mujeres.
El crecimiento sindical
Desde la década de 1940, junto con el aumento de la actividad industrial, creció el número de trabajadores que se desempeñaba en esas empresas y las organizaciones creadas para defender los derechos laborales. Así, durante este período, se fortalecieron los sindicatos y se unieron unos a otros sindicatos formando federaciones (uniones de trabajadores de un mismo rubro), como la de los metalúrgicos o la de los panificadores.
A partir de los primeros años de la década de 1950, este movimiento obrero comenzó a presionar a los empresarios, fueran privados o estatales, utilizando la huelga como arma de lucha, consiguiendo importantes avances. En 1953, estando en el gobierno Ibáñez del Campo, nació la Central Unica de Trabajadores (CUT), que tenía como finalidad defender los derechos de los trabajadores y luchar por mejorar su calidad de vida.
En esta lucha de reivindicaciones destaca Clotario Blest, sin lugar a dudas la figura más emblemática del sindicalismo chileno. Nació en 1899 y murió en 1990, dos meses después que el país hubiera recuperado la democracia. Hombre de profundos principios cristianos, consagró su vida a la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras chilenas lo que lo llevó a fundar la Central Unica de Trabajadores, de la cual fue su primer presidente. Enfrentó a los distintos gobiernos de la época, por medio de la No - Violencia Activa.
El activismo femenino y el MENCH
De gran trascendencia en la historia de las luchas femeninas fue la creación en 1935 del MEMCH (Movimiento Pro-emancipación de la Mujer), a iniciativa de un grupo de mujeres de izquierda, principalmente de sectores medios ilustrados, tanto militantes de partido como independientes. Su importancia radica en que se articuló a nivel nacional, teniendo una amplia y masiva convocatoria y manteniendo continuidad en el tiempo, logrando constituirse en la principal organización movilizadora en torno a las campañas realizadas para obtener el voto político.
Agrupó en su seno a mujeres de diversas tendencias, pero dispuestas a luchar por la “liberación social, económica y jurídica de la mujer”. Aunque mantuvo su autonomía se vinculó estrechamente al gobierno del Frente Popular, cuyo Presidente fue el primero en manifestar su voluntad de otorgar el voto a la mujer.
Un paso decisivo para el logro de la unidad de todas las mujeres organizadas a nivel político, social y religioso fue la realización del Primer Congreso Nacional de Mujeres, en 1944 , del cual surgió de la FECHIF, Federación Chilena de Instituciones Femeninas. A la acción de estas organizaciones vino a sumarse el partido Femenino Chileno (segundo partido femenino en la historia nacional), liderado por María de la Cruz que, ajeno a toda idelología, llegó a contar con 27.000 militantes.
Así, a mediados de la década del ‘40, el movimiento femenino chileno alcanzó su plena madurez y dio a la lucha por la consecución de los derechos políticos un carácter decidido, que no cesó hasta conquistar sus demandas en 1949. Presionaron a los parlamentarios para agilizar el proyecto de ley que se discutió por casi cuatro años en el Congreso, a pesar de que luego fue aprobado por unanimidad. Mientras en el Congreso se debatía, las organizaciones femeninas, agrupadas ahora en un comando unido, realizaron múltiples movilizaciones: acciones callejeras, foros y debates, campañas radiales, etc., donde no faltó la presión directa a cada parlamentario involucrado. Tras conseguir el voto político y realizar un último esfuerzo para lograr la inscripción de las mujeres en los registros electorales, el movimiento femenino perdió la impresionante fuerza que mostró en años anteriores y sus integrantes emigraron a las organizaciones partidarias, sindicales o sociales o simplemente a funciones particulares hogareñas y laborales, donde siguieron postulando aquellas ideas que desarrollaron en las organizaciones femeninas. El movimiento solo reactivaría su fuerza mucho más tarde, con otras protagonistas y en otro contexto político en la década del ‘80.
El término de la alianza
Desde sus orígenes, la alianza política entre radicales, comunistas y socialistas, mostró signos de gran vulnerabilidad. Esto se debía a que su creación no obedeció a la existencia de un mismo proyecto de país o de sociedad, sino a la necesidad de unirse ante enemigos en común: el fascismo y la continuidad en el gobierno de los sectores liberales y conservadores. Aunque los partidos Comunista y Socialista compartían el mismo ideal de futuro, las diferencias de dirección que seguían sus líneas políticas provocó que entre ambos se produjera una constante rivalidad y competencia por ganar la representación de la clase trabajadora, cuestión que se dio con especial fuerza en la Central de Trabajadores de Chile (CTCH). A pesar de estas contradicciones y de un ambiente de tensión permanente, que en innumerables ocasiones debilitó y puso en riesgo la continuidad de la alianza, logró llevar al poder tres presidentes, Pedro Aguirre Cerda (1938 - 1941), Juan Antonio Ríos (1942 - 1946) y Gabriel González Videla (1946 - 1952), todos militantes del partido Radical.
En 1947, sin embargo, la alianza llegó abruptamente a su fin, cuando Gabriel González Videla propició la creación de una legislación que dejó fuera de la ley al partido Comunista. La Ley por la defensa permanente de la democracia (denominada por sus opositores y críticos como “ley maldita”) prohibió la existencia del partido Comunista, eliminó a más de 20.000 de sus militantes de los registros electorales y excluyó a muchos otros de participar en el movimiento sindical. Cientos de comunistas fueron relegados al antiguo puerto salitrero de Pisagua y muchos de ellos se vieron obligados a esconderse, incluido el poeta Pablo Neruda, que fue expulsado del Senado.
Cuando González Videla fue elegido candidato a la presidencia, representaba una posición de clara tendencia izquierdista al interior de su partido, al punto que su designación provocó su ruptura y el nacimiento del partido Radical Democrático. Su triunfo eleccionario con solo el 40,1% de la votación, obligaba a que fuera ratificado por un Congreso con fuerte presencia de liberales y conservadores. Para obtener el apoyo de los primeros, González se comprometió a darles cabida en el gobierno, de tal modo que al asumir como Presidente constituyó un gabinete formado por radicales, liberales y comunistas, cuestión que difícilmente podía garantizar una gestión sin conflictos.
La participación de los comunistas por primera vez en el gabinete de un gobierno, les permitió conseguir beneficios para los trabajadores que los apoyaban, como por ejemplo aumentos salariales, pero además fueron capaces de contener varios movimientos huelguísticos. El resultado de esas gestiones permitió que el partido Comunista aumentara considerablemente su votación. En las elecciones municipales de 1947 obtuvo el 16,5% de los votos, siendo superado solo por el partido Radical y el Conservador.
En plena Guerra Fría, el avance conseguido por los comunistas en materia electoral y su presencia en el gobierno, fue considerado abiertamente como una amenaza por los Estados Unidos, que se opuso a otorgar créditos a un gobierno con participación comunista. Los logros comunistas y las presiones de Estados Unidos tensionaron considerablemente la alianza de gobierno, liberales y radicales se retiraron de él, y el Presidente pidió la renuncia a sus ministros comunistas.
Fuera del gobierno, los comunistas se pusieron a la cabeza de una serie de manifestaciones sindicales. En 1947, se produjo una huelga de conductores en Santiago y de los mineros del carbón en el sur. En ambas ocasiones, el gobierno hizo uso de facultades extraordinarias, enviando incluso tropas militares para detener los protestas. Culpando a los comunistas de fomentar intranquilidad laboral, González Videla rompió relaciones diplomáticas con los países del bloque soviético y propició una ley que como hemos visto, dejó a este partido fuera de la legalidad.
En 1952, año de elecciones presidenciales, una crisis de confianza en la política parecía apoderarse de Chile. La derecha carecía de un liderazgo fresco que respondiera a los intereses de las mayorías, mientras seguía negándole a los campesinos la posibilidad de organizarse en sindicatos. Los comunistas estaban fuera de la legalidad, los socialistas eran incapaces de superar sus disputas internas, y la imagen de los radicales se encontraba totalmente deteriorada ante el electorado, luego de tres períodos de gobierno. Las condiciones parecían dadas para que los votos se inclinaran por alguien que decía estar “por encima de la política”, más allá de los intereses personales y de la corrupción, males que barrería con una escoba, ese fue Carlos Ibáñez del Campo.
El sistema político
A pesar de las contradicciones y de las tensiones que debió enfrentar la alianza de centro izquierda que gobernó Chile entre 1938 y 1947, la práctica política de esos años permitió que se consolidara el orden democrático, restaurado en 1932, y que la característica predominante durante el período fuera la estabilidad. Esta situación fue posible, en gran medida, por las posturas y conductas políticas asumidas por los distintos partidos.
La opción de la izquierda de propiciar cambios desde el interior del sistema político se intensificó en la medida en que tuvo acceso al poder. La situación de marginalidad política, que debió enfrentar antes de 1938, cambió radicalmente al formar parte del bloque gobernante y poder impulsar desde ahí una modernización económica y el mejoramiento social de los sectores que le interesaba representar. Su opción por la legalidad y su reconocimiento de la legitimidad del sistema político vigente, quedó perfectamente ratificada durante la vigencia de la “ley maldita”, a pesar de la cual los comunistas no cuestionaron la validez del sistema político chileno y solo aspiraron a integrarse nuevamente en él.
Si bien la derecha perdió el gobierno durante estos años, pudo conservar en el Congreso una fuerza suficiente que le permitió contrabalancear las iniciativas del Ejecutivo y propiciar desde ahí sus intereses políticos.
El centro político, representado por el partido Radical, desarrolló una conducta caracterizada por su propensión a las alianzas y mantener la estabilidad del sistema. Esto se explica básicamente por el carácter pluriclasista de su representación, que lo condujo a velar por los intereses de grupos tan diversos como profesionales, latifundistas, industriales manufactureros, empleados y también algunos obreros.
El proyecto de cambios propiciado por el partido Radical solo lo podía realizar en alianza con la izquierda, pues los partidos de derecha se mostraron sumamente conservadores en este aspecto. A partir de esta unión, los radicales contuvieron los impulsos de cambio de la izquierda dentro de los límites de las reformas modernizadoras. Por otro lado, a pesar de la imposibilidad de establecer una alianza de gobierno con la derecha hasta 1947, durante todo el período, el partido Radical implementó diversas iniciativas que abrieron oportunidades políticas a la derecha en sus gobiernos.
